“Dad al poder ejecutivo todo el poder posible, pero dádselo por medio de una constitución. Lo peor del despotismo no es su dureza, sino su inconsecuencia, y sólo la Constitución es inmutable” Juan Bautista Alberdi

Miguel Massanet Bosch. Aquí, señores, como parece que se ha convertido algo habitual para quienes gobiernan España, otra vez se va a dar el caso de que se ponga a los lobos a vigilar las ovejas. Y es que nuestra democracia parece que poco a poco, pero cada vez más velozmente,  ha entrado en un momento de plena disgregación, de profunda crisis y de lo que se podría considerar como de una peligrosa desviación hacia un tipo de totalitarismo que nos recuerda, desgraciadamente, a otros demasiado conocidos de los establecidos en Sudamérica, respecto a los cuales algunos de los partidos que nos gobiernan, no han sido ajenos a su instauración y desarrollo.
La viceprimer ministra señora Carmen Calvo, esta señora de gesto huraño, cara de pocos amigos y conocido sectarismo de izquierdas, parece que ha decidido dar suelta a sus instintos más antidemocráticos para, junto a la ministra de Cultura, otra de estas que parece que han sido rescatadas de aquella famosa Oficina Siniestra de la revista La Codorniz, magistralmente dirigida por aquel entrañable periodista, el señor Álvaro de la Iglesia, por su lúgubre aspecto y su evidente tendencia a ignorar las normas constitucionales, para dar libertad a sus instintos más autocráticos y sus tendencias egocéntricas, para pergeñar una ley de Educación que parece salida de la mano del más obtuso y cerrado miembro de la Kominform soviético. Esta última, responsable de un engendro legislativo conocido como la Ley Celáa que, en su redacción ha sido incapaz de tener un respeto por nada, ni  por la Constitución, ni nada por atender a las advertencias del colectivo de profesores y catedráticos, nada de consideración por los derechos de los padres claramente especificados en la Carta Magna, nada de reconocimiento de la enseñanza privada y de las escuelas concertadas, olvido absoluto de los problemas inherentes a las enseñanzas especiales para alumnos diferentes, que precisan de una atención especial y nada, pero nada, que tenga que ver con el más elemental sentido común, interés por hacer de la ley un trabajo consensuado por todos quienes tienen que ver con la enseñanza, padres y profesores, con el objetivo de crear, por fin, una ley que pudiera tener una duración superior a las que hemos tenido hasta ahora, que siempre han estado condicionadas por los partidos que han gobernado y sus  formas de enfocar el problema; lo que ha ocasionado que sólo se hayan mantenido en vigor el tiempo que han estado en el poder cada uno de ellos.
La señora Calvo ha querido aprovechar, como en general han estado haciendo este gobierno de socio-comunistas que padecemos, para colarnos de matute otra de estas leyes “especiales” hechas a la medida del intervencionismo absolutista de Podemos Unidas, que el Gobierno se está sacando de la manga para dejar convertida en una filfa, sin valor alguno, nuestra Constitución de 1978, a base de continuas infracciones, trucos, artimañas y falsas interpretaciones ad hoc, según le haya convenido a este ejecutivo que, en lugar de centrarse, como sería su obligación en momentos de tanta consternación ciudadana, en enfrentarse con eficacia y buscando el apoyo del resto de partidos de la oposición a la pandemia, se ha dedicado a poner trabas a las actuaciones de las autonomías del PP, en ocasiones modificando la normativa sobre la marcha, para mantener la presión sobre la comunidad madrileña, mientras ha dejado, con una faz de granito, que otras gobernadas por ellos o los nacionalistas catalanes y vascos hicieran de su capa un sayo, sin que hayan tomado medidas punitivas contra ellas.
Evidentemente que la señora Calvo no ha visto ni ve con buenos ojos que determinados medios de información (los menos, por supuesto, porque la mayoría siguen sus órdenes como perritos falderos) les saquen las vergüenzas, critiquen sus errores, resalten sus cacicadas, denuncien sus irregularidades, adviertan de sus ilegalidades  y se hagan eco de las reacciones del pueblo llano, para que lleguen a conocimiento de toda la ciudadanía. Como era de esperar en una fanática socialista, como es ella, no podía consentir que la opinión pública fuese informada de algo que ellos están interesados en mantener en el más absoluto secreto: su proyecto de que, con el apoyo que tienen convenido con Podemos, convertir a España en una república de izquierdas a semejanza de la que, ya los de Podemos ayudaron a poner en marcha, existe en Venezuela, cuyas consecuencias políticas, económicas, sociales, sobre las libertades, la vida de las personas y, en general, desde todos los elementos que forman parte de una democracia sana, como cualquiera de las europeas, serían inadmisibles.
Se trata de una norma destinada a “atajar la desinformación”. Si, señores, tiene la cara de cemento de hablar de “desinformación”, como si los que denuncian las mentiras del Gobierno fueran los que desinformaran. Pues que nos digan lo que ha hecho el señor Fernando Simón desde el inicio de la pandemia del coronavirus con sus continuos engaños a los españoles acerca del peligro de la epidemia, de los contagios, de las muertes (siguen diciendo que apenas llegan a poco más de las 40.000 personas fallecidas, cuando es de común conocimiento para todas las instituciones y medios informativos, españoles y extranjeros, que superan largamente los 60.000 muertos.) O ¿qué fue lo que dijo el mismo señor Pedro Sánchez apenas unos días antes de las pasadas elecciones legislativas de noviembre?, recuérdenlo: “ni en sueños puede pensar en un acuerdo con los comunistas de Pablo Iglesias”, a los pocos días se abrazaban ambos líderes confirmando la entrada en el gobierno del señor Iglesias. Claro que en esto tampoco se ha quedado corta la señora Arrimadas, de Ciudadanos, que juró y perjuró que no pactaría con los socialistas si estaban en el pacto los comunistas o los separatistas catalanes y ahí la tienen comiéndose los sapos, dispuesta a apoyar los presupuestos convenidos anteriormente entre Sánchez y Podemos.
Y es que, para nuestro Gobierno, los ciudadanos deben “tener acceso a una información veraz y diversa” Totalmente de acuerdo, pero ¿quién va a determinar que la que dé el Gobierno sea veraz? Y ¿quién nos asegura a los ciudadanos que, los que decidan lo que son fake news o no, los encargado de “velar” por la seguridad de los ciudadanos (el Consejo de Seguridad Nacional, Ni el departamento la Secretaría de Estado de Comunicación y la Comisión Permanente contra la desinformación), todos ellos a las órdenes del Gobierno, estén en condiciones de actuar sin estar presionados por el Gobierno, si es evidente que estos señores no estarán vigilados por los tribunales ni, al parecer, por las Cortes.? No formarán parte de estos censores ni el departamento de ciberseguridad ni militar, ni similares.
El Gobierno además se atribuye la posibilidad de continuar haciendo propaganda a su favor con la excusa de las fake news con la idea de “contrarrestarlas” mediante campañas de comunicación. Lo que hacía el señor Fidel Castro en Cuba, se hizo con el control de las radios y la TV (¡Ay, señora Rosa Mateo, a usted ni con unas tenazas de dentista la van a sacar de su cubil en la TV1) y fue capaz de mantener su revolución a base de arengas interminables que se tragaban los infelices cubanos, mientras su familia se hacía millonaria, apareciendo en la lista Forbes.
¿Será esta Ley constitucional?, por supuesto que no, pero ellos van ganando tiempo para implantar sus régimen comunista a pasos agigantados, mientras el TS, el TC y la derecha parece adormilados, sin capacidad de reacción y tan lentos en sus actuaciones que, cuando deciden ponerse en marcha ya el mal no tiene remedio. Por ejemplo: ¿qué hace el TC con los recurso sobre el aborto que duerme el sueño de los justos o sobre el tema de las adopciones por los homosexuales y tantos otros recursos que yacen enterrado en las mazmorras de ineficacia y de negligencia de quienes tienen sobre sí la posibilidad de que la Constitución sea tenida en cuenta y aceptada por todos aquellos que han hecho, de su incumplimiento, bandera para dar alas a qu9ienes tienen interés en derrocarla?
O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, no puede menos que chocar que la señora Calvo, tan diligente ella y tan expeditiva, nos hable la “información falsa que quiere influir en la sociedad”, a la vez que aboga por “fortalecer la libertad de expresión examinado la libertad y pluralismo de los  medios de comunicación”, ¿de todos?, ¿de los pocos con los que cuenta la oposición y de los independientes? O ¿de los afectos al separatismo catalán como La Vanguardia, El Correo Catalá, Avui, Cataluña Radio o la TV3? En realidad, señora Calvo, ¿no se trata de una nueva Inquisición en la que el Gobierno, constituido en un nuevo Torquemada,  intenta implantar una nueva “Ley mordaza” como aquella que, con menos pretensiones y menos alcance, se promulgó en la legislatura anterior, la del PP, y que tan denostada y repudiada fue por socialistas y comunistas? Ahora parece que, por salir de la fábrica socio-comunista, todos los que apoyaron a Sánchez en su moción de censura, la consideran adecuada ¡Vivir para ver! Y una frase para digerir la información, en esta ocasión de Francisco de Quevedo que dijo: “Todos los que parecen estúpidos lo son y, además también lo son la mitad de los que no lo parecen”